La educación pública de los estudiantes indocumentados está garantizada, dice Intercultural Development Research Association.
Bajo la ley federal, agencias educativas tanto estatales como locales están obligadas a proporcionar a todo niño la igualdad de acceso a la educación pública a nivel de primaria y secundaria.
La educación de los estudiantes indocumentados está garantizada por la decisión Doe vs. Plyler estableciendo ciertos procedimientos que se deben ejecutar al inscribir a los niños inmigrantes en la escuela para evitar la violación de sus derechos civiles. No se les puede negar el derecho a una educación de calidad.
A raíz de la decisión Plyler, las escuelas públicas no pueden:
• negarle la matrícula a un estudiante basándose en su situación legal y/o inmigratoria, ya sea a principios del curso o durante el año escolar;
• tratar a un estudiante en forma desigual verificando la situación de residencia de ciertos estudiantes;
• promover prácticas cuyo resultado es negar el derecho de acceso a los servicios escolares;
• requerir que un estudiante o sus padres revelen o documenten su situación inmigratoria;
• interrogar a estudiantes o padres con la intención de obligarlos a exponer y revelar su situación de indocumentados;
• exigir que un estudiante obtenga un número de seguro social como requisito de admisión a la escuela.